Cuatro años después de la entrada en vigor de la Ley 12/2022, diseñada para impulsar los sistemas de previsión complementaria en España, el balance resulta insuficiente. Según el último informe del foro de expertos del Instituto Santalucía, órgano de análisis del Grupo Santalucía, el ahorro para la jubilación se mantiene muy alejado de las metas fijadas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de 2021.
El documento titulado «Análisis de la situación de la previsión social complementaria tras los últimos cambios realizados» examina en profundidad el impacto real de las reformas legislativas orientadas a desarrollar los planes de pensiones de empleo. Aunque reconoce ciertos avances, el informe concluye que estos no han sido suficientes para extender el ahorro complementario entre la población trabajadora de forma significativa.
Reformas con resultados limitados
El Plan de Recuperación estableció objetivos ambiciosos para expandir los planes de pensiones vinculados al ámbito laboral y aumentar el volumen total de ahorro destinado a complementar las pensiones públicas. Durante este periodo se han introducido nuevas figuras, como los planes de empleo simplificados, y las aportaciones a través de estos instrumentos colectivos ya superan a las realizadas en planes individuales.
Sin embargo, el foro de expertos del Instituto Santalucía considera que estos logros no alcanzan las expectativas ni cubren las necesidades reales de los trabajadores. José Manuel Jiménez, director del Instituto Santalucía, subraya que «España ha avanzado en el diseño normativo de la previsión social complementaria, pero todavía no ha conseguido que el ahorro para la jubilación alcance la dimensión necesaria para complementar el sistema público». Según Jiménez, resulta imprescindible revisar qué medidas han funcionado y cuáles requieren mejoras para que un mayor número de trabajadores pueda complementar su futura pensión mediante ahorro a largo plazo.
El efecto de la reducción de incentivos fiscales
Uno de los aspectos más críticos analizados en el informe es la reducción progresiva de los incentivos fiscales aplicables a los planes de pensiones individuales. El límite de aportación anual con derecho a deducción fiscal ha descendido desde los 8.000 euros hasta los actuales 1.500 euros. Esta medida ha provocado una caída pronunciada en las contribuciones al ahorro individual.
Lo más preocupante, según el informe, es que esta disminución no se ha visto compensada por un crecimiento equivalente en los planes de empleo. Como resultado, el volumen total de ahorro previsional ha descendido, especialmente entre quienes no tienen acceso a sistemas colectivos promovidos por sus empresas. Este grupo incluye a una parte importante de los trabajadores autónomos, que carecen de estructuras empresariales que faciliten su adhesión a planes de pensiones de empleo.
Propuestas para reactivar el ahorro complementario
Ante este panorama, el foro de expertos del Instituto Santalucía propone una serie de actuaciones concretas para revertir la situación. Entre las principales recomendaciones destacan: impulsar los planes de empleo mediante la negociación colectiva, de manera que los convenios laborales incluyan cláusulas que garanticen el acceso a estos instrumentos; reforzar los incentivos fiscales al ahorro a largo plazo para recuperar el atractivo de los productos de previsión; facilitar la adhesión de los trabajadores a estos planes, simplificando los trámites administrativos y de contratación.
Además, el informe plantea la necesidad de establecer objetivos concretos de ahorro adaptados a las diferentes etapas de la vida laboral y fortalecer la educación financiera de la población, para que los ciudadanos comprendan la importancia de complementar su pensión pública con ahorro privado. Estas medidas, según los expertos, deben aplicarse de forma coordinada para lograr un impacto real y sostenible en el sistema de previsión social complementaria.
La AIReF examinará la eficacia de la normativa vigente
En paralelo a este diagnóstico, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) tiene previsto realizar su propia evaluación sobre la efectividad de los incentivos y el marco legal creado por la Ley 12/2022. Este análisis determinará si las políticas públicas impulsadas hasta la fecha están logrando realmente promover el ahorro adicional para la jubilación entre los trabajadores españoles.
El estudio de la AIReF será clave para conocer si el diseño normativo actual es suficiente o si, por el contrario, se requieren ajustes profundos para alcanzar los objetivos inicialmente planteados. La previsión social complementaria no solo afecta a la sostenibilidad del sistema público de pensiones, sino que también influye directamente en la capacidad de los futuros jubilados para mantener su nivel de vida tras abandonar el mercado laboral.
En clave: Por qué importa
El bajo desarrollo del ahorro complementario para la jubilación en España representa un desafío estructural para el sistema de pensiones. Con una población envejecida y una creciente presión sobre las arcas públicas, la necesidad de contar con instrumentos privados que complementen la pensión pública se vuelve cada vez más urgente. Sin embargo, las reformas aplicadas hasta la fecha no han conseguido movilizar el volumen de ahorro necesario ni extender estos productos entre la mayoría de los trabajadores.
La reducción de los incentivos fiscales a los planes individuales, sin un crecimiento equivalente en los planes de empleo, ha generado una contracción del ahorro previsional total. Este retroceso afecta especialmente a trabajadores autónomos y a quienes no tienen acceso a sistemas colectivos. Si no se corrige esta tendencia, millones de futuros jubilados podrían enfrentarse a una caída significativa de su poder adquisitivo al finalizar su vida laboral. La revisión de la AIReF y las propuestas del Instituto Santalucía subrayan la necesidad de actuar con urgencia para garantizar un sistema de previsión social más robusto y accesible para todos.
